23 de septiembre de 2026
Colombia enfrenta una paradoja. Mientras el país vuelve a hablar de confiabilidad, estrechez energética y riesgo de desabastecimiento, miles de megavatios buscan desde hace años un espacio para conectarse al Sistema Interconectado Nacional.
En el ciclo de solicitudes de conexión 2023-2024, la UPME recibió 1.628 solicitudes por cerca de 89,5 GW, casi el doble de las 843 del ciclo anterior. No todos esos proyectos llegarán a construirse. Pero la cifra revela algo importante: en Colombia no parece faltar interés por desarrollar nueva generación. Una parte del desafío está en lograr que los proyectos viables efectivamente puedan entrar al sistema.
Y la dificultad no es solamente administrativa. En agosto de 2026, mediante la Resolución 567, la UPME declaró una “Situación Especial” ante restricciones de cortocircuito que están limitando la conexión de nueva generación: 55 subestaciones presentaban niveles superiores a la capacidad de interrupción de sus equipos y otras 36 se encontraban en estado crítico. La respuesta fue aprobar obras urgentes para superar esas restricciones.
Detrás de muchos problemas de conexión existe una realidad física: la red tiene límites. La pregunta, entonces, no debería ser únicamente cómo repartir una capacidad cada vez más escasa, sino cómo utilizar mejor la infraestructura existente, expandirla más rápido y reconocer que no todos los recursos necesitan entrar por la misma puerta.
La regulación ya ha empezado a reconocerlo. Los recursos de menor escala cuentan con procedimientos de conexión diferenciados y, en 2026, esa lógica se amplió transitoriamente a otros recursos de generación menores de 5 MW. En el actual período de riesgo de desabastecimiento, la señal cobra especial relevancia: si existen proyectos que pueden incorporarse a las redes de distribución con menores requerimientos de infraestructura, tiene sentido facilitar su entrada. No sustituyen las inversiones estructurales que necesita el sistema, pero pueden contribuir a diversificar la oferta y materializar nueva capacidad más rápido.
Ahora bien, simplificar no crea capacidad. Cuando la restricción es física, ningún procedimiento más ágil construye una línea, amplía una subestación o aumenta la capacidad de la red.
Colombia ya ha abierto parcialmente otra puerta. La denominada conexión profunda, prevista en la Resolución CREG 075 de 2021, permite que, bajo determinadas condiciones, un generador asuma parte del costo de la expansión del STN necesaria para viabilizar su conexión.
La pregunta es si podemos desarrollar más esa lógica. En Chile, por ejemplo, los generadores pueden proponer y financiar, a su cuenta y riesgo, determinadas ampliaciones de transmisión necesarias para inyectar todo su potencial de generación.
No son figuras idénticas. Pero la comparación plantea una pregunta relevante: ¿hasta dónde podemos movilizar inversión privada para resolver restricciones de red asociadas a nuevos proyectos, sin perder la visión sistémica de la planeación y la expansión? La respuesta exige definir qué obras podrían desarrollarse, quién sería propietario de los activos, cómo garantizar el acceso abierto, cuál sería su tratamiento remuneratorio y cómo articular esas inversiones con la planeación. Pero vale la pena abrir la discusión.Administrar una capacidad escasa no puede ser nuestra única estrategia para enfrentarla.
El momento es especialmente oportuno. El Gobierno acaba de iniciar la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. Su aporte al sector energético no debería medirse por el número de nuevas reglas que incorpore, sino por su capacidad para remover las fricciones que impiden que inversión, infraestructura y proyectos se conviertan oportunamente en energía disponible.
Eso exige una planeación capaz de anticiparse a las necesidades del sistema, instituciones concentradas en las funciones donde generan mayor valor y mecanismos que permitan movilizar inversión y ejecutar los proyectos a tiempo.
Porque la confiabilidad no comienza cuando los embalses bajan ni cuando una restricción obliga a declarar una “Situación Especial”. La confiabilidad se construye años antes: cuando una línea entra oportunamente en operación, un proyecto logra conectarse y una restricción se resuelve antes de convertirse en un cuello de botella. La reciente “Situación Especial” declarada por la UPME es suficientemente diciente. Las medidas adoptadas son necesarias, pero el escenario deseable es no tener que llegar a ellas.
Ese puede ser uno de los grandes desafíos del próximo Plan Nacional de Desarrollo: pasar de reaccionar frente a las restricciones a crear las condiciones para anticiparlas.
Porque tal vez el desafío energético de Colombia no sea solamente encontrar nuevos megavatios. También es lograr que los que ya están esperando encuentren una puerta abierta.
Ana María Muñoz Vieira
Energía Legal