8 de septiembre de 2026

El nuevo Gobierno recibe un sector eléctrico en un momento especialmente exigente. La baja hidrología, las señales de estrechez energética, las presiones financieras de la cadena y la situación del Caribe coinciden con una demanda creciente y con la necesidad, conocida desde hace años, de incorporar nueva generación y fortalecer las redes. Lo estructural se volvió urgente.

Y el sector está reaccionando. El Gobierno acaba de activar el Plan Energía YA para anticiparse a los efectos de El Niño y proteger el suministro durante finales de 2026 y principios de 2027. Semanas atrás anunció recursos por $1,5 billones para atender presiones de liquidez de la cadena eléctrica y medidas sobre contratación de largo plazo, tarifas y prestación del servicio en el Caribe.

La respuesta regulatoria también se ha intensificado. La Resolución CREG 101 120 de 2026 estableció un programa transitorio para incentivar el ahorro y el uso eficiente de energía y la Resolución CREG 101 127 adoptó medidas transitorias para asegurar el abastecimiento frente al fenómeno de El Niño 2026-2027. El pasado 5 de septiembre, mediante la Circular 343, la CREG activó además el mecanismo para el sostenimiento de la confiabilidad, dando inicio formal al denominado “período de riesgo de desabastecimiento”. A estas medidas se suman iniciativas relacionadas con capacidad excedentaria, almacenamiento, conexión, expansión y confiabilidad. Incluso desde el Congreso se propone ir más lejos. El senador Juan Espinal planteó recientemente la posibilidad de acudir a una emergencia energética y a mecanismos de fast track para acelerar decisiones relacionadas, entre otros asuntos, con proyectos que enfrentan trámites ambientales y de consulta previa. Independientemente de la discusión jurídica y de conveniencia que una propuesta de esta naturaleza merece, su sola formulación es una señal del momento que atraviesa el sector.

Colombia cuenta con una institucionalidad energética construida durante décadas, conocimiento técnico, inversionistas interesados, proyectos en diferentes etapas de desarrollo y un mercado eléctrico que ha demostrado capacidad de adaptación. También cuenta con un marco regulatorio amplio y técnicamente sofisticado. No parece, entonces, que al sector le falten diagnósticos, iniciativas o capacidad para diseñar soluciones. La intensa actividad regulatoria de los últimos meses así lo demuestra. El reto está en conseguir que esas soluciones se materialicen con la oportunidad que la realidad exige. En momentos de estrechez energética, el tiempo que transcurre entre habilitar una solución y hacerla efectiva también importa.

La Resolución CREG 101 114 de 2026 ofrece un ejemplo interesante de este desafío. La norma busca aprovechar temporalmente energía excedentaria de plantas, autogeneradores, productores marginales y otros recursos cuando las condiciones hidrológicas reduzcan significativamente la disponibilidad de generación. Su propósito es especialmente pertinente: permitir que energía adicional que ya existe pueda llegar al sistema cuando más se necesita.

La Resolución reconoce esa urgencia y simplifica varios procedimientos ordinarios. Sin embargo, materializar esos excedentes todavía supone cumplir distintas actuaciones y requisitos necesarios para preservar la seguridad y confiabilidad del sistema. No se trata de desconocer la necesidad de esos controles, sino de preguntarnos si, en circunstancias extraordinarias y frente a recursos que ya están disponibles, podemos encontrar formas todavía más ágiles de cumplirlos, evitando que el procedimiento termine retrasando —o incluso desincentivando— el resultado que la propia regulación busca promover.

La reflexión trasciende esta resolución. La coyuntura actual puede ser una oportunidad para revisar no solamente qué nuevas herramientas necesita el sector, sino cómo hacemos más simples y oportunas las que ya tenemos.

El reto, en otras palabras, es acortar la distancia entre la decisión y el resultado. Asignar capacidad de transporte es indispensable; el resultado es conectar proyectos. Adjudicar obligaciones y contratos de largo plazo es importante; el resultado es que nueva generación entre en operación. Planear la expansión es fundamental; el resultado es que las redes estén disponibles cuando los proyectos y la demanda las requieren. Regular el almacenamiento abre una puerta; el siguiente paso es conseguir que esos sistemas efectivamente se desarrollen y participen en el mercado.

Y eso no significa renunciar a la planeación ni reducir estándares. Puede significar procedimientos más simples, competencias mejor delimitadas, mayor coordinación entre entidades, decisiones paralelas en lugar de sucesivas, mayor responsabilidad de quienes están en capacidad de asumirla y más espacios para que los privados participen activamente en la construcción de soluciones. Incluso puede significar reconocer que no todos los problemas necesitan una nueva norma.

La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, ha utilizado una expresión especialmente apropiada para este momento: “menos ruido y más método; menos promesas y más cumplimiento”.

La coyuntura actual puede ser algo más que una emergencia que debemos superar. Puede ser la oportunidad para aprender de la urgencia y mejorar la normalidad: simplificar donde sea posible, coordinar mejor, decidir oportunamente y convertir las soluciones en resultados. Colombia no parte de cero. Esa es quizás nuestra mayor ventaja. El siguiente salto no consiste necesariamente en hacer más, sino en lograr que lo que ya sabemos hacer PASE.

Por Ana María Muñoz – Socia fundadora y CEO